Archive for the '7. La pena de muerte y la iglesia' Category

42. Pena de muerte/3

La práctica de la pena de muerte por parte de la sociedad es una imposición de Dios en la ley del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en cambio (tal y como lo ha entendido la gran Tradición, desde los Padres de la Iglesia) la pena capital es indiscutiblemente legítima, pero no se concluye que ésta sea siempre oportuna. La oportunidad depende de un juicio que varía según los tiempos. Una cosa es el derecho reconocido a la autoridad que, utilizando las palabras de Pablo <<no lleva la espada en vano>>, y otra cosa es el ejercicio de este derecho.

En lo que respecta a nuestro juicio, en la sociedad y cultura del actual Occidente secularizado no sería oportuno reimplantar la pena capital allá donde se hubiera abolido; es mejor no ejercer lo que sigue siendo un derecho de la sociedad.

A pesar de todo, se presenta un problema principal para un cristiano: <<Si Dios sólo da la vida, ¿es lícito que el hombre se la quite a otro hombre? ¿Existe un derecho a la vida igual para todos, incluso para el asesino, un derecho que no puede ser violado nunca? En realidad, quienes responden a estas cuestiones en sentido contrario a la pena de muerte, admiten en cambio el derecho de la sociedad a encerrar en prisión a los culpables de los crímenes. Ahora bien, si Dios ha creado al hombre libre, ¿cómo pueden los hombres quitarle esta libertad a los hombres? Existe un derecho a la libertad (derecho <<innato, inviolable, imprescriptible>>, dicen los juristas) que cualquier juez infringe cuando condena a un semejante siquiera a una hora de reclusión forzada.

Pero así como no es posible comprender por qué todas las culturas tradicionales, y por tanto religiosas, nunca han considerado innatural, ilícita y en consecuencia impracticable la pena capital, tampoco es posible escapar de las contradicciones si no es desde una perspectiva que vaya más allá del horizonte mundano. Es decir, una perspectiva religiosa y cristiana particular. Una perspectiva que distinga entre vida biológica, terrenal y vida eterna; que esté convencida de que el derecho inalienable del hombre no es salvar el cuerpo sino el alma; y que distingue entre la vida como fin y la vida como medio.

Dice el suizo Romano Amerio, quien es laico y católico: <<Actualmente, la oposición a la pena capital deriva del concepto de inviolabilidad de la persona en cuanto sujeto protagonista de la vida terrena, tomándose la existencia mortal como un fin en sí mismo que no puede destruirse sin violar el destino del hombre. (…) quitarle la vida no equivale a quitarle al hombre la finalidad trascendente para la que ha nacido y que constituye su dignidad. (…) En efecto –prosigue el estudioso católico-, al condenado a muerte de le puede quitar la existencia terrena, pero no su finalidad en la vida. Las sociedades que niegan la vida futura y ponen como meta el derecho a la felicidad en este mundo deben rehuir la pena de muerte como una injusticia que apaga la facultad del hombre de ser feliz. (…) En cambio, desde la perspectiva religiosa, la muerte impuesta por un hombre a otro no puede perjudicar ni al destino moral ni a la dignidad humana.>>

¿La pena capital no concede la posibilidad de purificarse, de expiar la culpa, de redimirse del mal? Amerio responde: <<(…) ¿acaso la expiación que el Cristo inocente realizó por los pecados del hombre no está relacionada con una condena de muerte?>>. En efecto, la Tradición siempre ha visto en el delincuente un candidato seguro al paraíso porque, al reconciliarse con Dios, acepta libremente el suplicio como expiación de su culpa. Tomás de Aquino instruye: <<La muerte que se inflige como pena por los delitos realizados, levanta completamente el castigo por los mismos en la otra vida. La muerte natural, en cambio, no lo hace.>> Precisamente, muchos reos reclamaban rotundamente la ejecución como un derecho propio. Y así el ajusticiado arrepentido y provisto de los sacramentos era un <<santo>> y el pueblo se disputaba sus reliquias. Tanto es así que hasta había forjado un proverbio, que aparece citado en Civiltà Cattolica: <<De cien ahorcados, uno condenado.>>

Se podría y debería decir algo más como complemento a las razones de la Iglesia, esa que todavía es responsable de las Escrituras y la Tradición. Por ejemplo, la idea bíblica y paulina de la sociedad entendida no como una suma de individuos sino como un cuerpo u organismo vivo con derecho a extirparse aquel de sus miembros que considere infectado. Se trata del concepto de legítima defensa que correspondería al individuo, como propugnarían los individualistas, pero también al cuerpo social. O asimismo, del concepto de restitución del orden de la justicia y moral quebrantadas.

Desde la perspectiva de su propia fe, la pena capital es legítima para la Iglesia. Pero, actualmente, ¿es también oportuna? La mejor síntesis para justificar nuestro rechazo a la posibilidad de reponer la pena capital en nuestra época, nos la ofrece de nuevo Romano Amerio: <<La pena de muerte resulta bárbara en el seno de una sociedad irreligiosa que, al vivir encerrada en el plano terrenal, no tiene el derecho de privar al hombre de un bien que para éste es único.>> Así pues, un <<no>> al patíbulo, motivado no por la fe sino por la irreligiosidad de la vida contemporánea.

41. Pena de muerte/2

En lo que refiere a la pena de muerte, como en tantísimos otros ámbitos, hemos olvidado aquella capacidad de discernir (distinguere frequenter!) que tan justamente preocupaba a quienes sabían razonar con claridad antes del advenimiento de la denominada <<Era de la Razón>>.

En el caso que nos ocupa, a menudo no se sabe discernir entre la legitimidad del patíbulo y la oportunidad del mismo; entre el derecho de la sociedad a condenar a muerte a uno de sus miembros y el ejercicio de ese derecho. Pero sobre todo, lo que debe preocupar al creyente es la actitud de la Iglesia, quien desde lo más alto de su Magisterio ha afirmado siempre la legitimidad de la pena de muerte decretada por las autoridades reconocidas y ha concedido a la sociedad ese derecho.

Este derecho ha sido contestado a varios niveles. Entre ellos, tenemos el Dizionario di antropologia pastorale (<<Diccionario de Antropología pastoral>>), fruto del trabajo de la Asociación de Moralistas Católicos en lengua alemana, publicado en Alemania y Austria en 1975 con todos los imprimatur y gracias al patrocinio del obispado. Se trata de la posición <<católica>> de toda una facción, y dice: <<El cristiano no tiene el menor motivo para invocar la pena de muerte o declararse a favor de ella>>. El documento de una comisión teológica del obispado francés declaraba en 1978 que la pena capital era <<incompatible con el Evangelio>>, aunque en un arrebato de prudencia, los teólogos que redactaron el documento y sus conclusiones (contrarias a la Biblia y a la Tradición) lo denominaron Elementi di riflessione (<<Elementos de reflexión>>). Así también se manifestaron en Estados Unidos y Canadá los church-intellectuals, esos <<intelectuales clericales>> que desde el anonimato elaboran los documentos que los obispos presentarán con su propia firma.

En 1973, Leandro Rossi, director del Diccionario de Teología Moral, que también contó con la aprobación eclesiástica, iniciaba así la voz Pena de muerte: <<Éste es uno de los típicos temas donde se han invertido las posturas en la época actual, si bien no de manera universal y definitiva. Desafortunadamente, el proceso de sensibilización no tuvo origen en el ámbito cristiano sino en el laico, viéndose los católicos remolcados con esfuerzo por cuantos se mostraban más coherentes con la orientación humanizante del Evangelio. Nos hallamos ante uno de esos casos en los que no es la Iglesia la que ha ofrecido un don al mundo, sino la que lo ha recibido de éste.>>

Semejantes posturas resultan gratificantes para los sacerdotes que las expresan, quienes, sin embargo, no parecen conscientes de sus devastadoras consecuencias. Tanto desde el magisterio solemne de los papas y los concilios, pero también desde los Padres o los grandes teólogos que llegaron a santos como Tomás de Aquino, con sus hombres más prestigiosos y autorizados, a lo largo de toda su historia y no sólo en un corto período, la Iglesia ha declarado legítima sin excepción la pena capital, algo que según las creencias actuales sería un delito, un crimen y una traición al Evangelio.

La verdad es que no hay que derrochar demasiadas palabras para demostrar que el Antiguo Testamento de Dios no sólo permitía la pena de muerte sino que la ordenaba Él mismo. De tal suerte que la normativa elaborada por los maestros de Israel siguiendo a la Torá prescribía la pena de muerte para 35 crímenes: desde el adulterio a la profanación del sábado, de la blasfemia a la idolatría, etc. Baste recordar entre muchos fragmentos posibles, el versículo del Génesis (9, 6) en el que Yahvé dice a Noé: <<Aquel que derrame la sangre del hombre, verá su sangre derramada por el hombre, porque Él ha hecho al hombre imagen de Dios.>> Véase también el capítulo 35 del libro de los Números donde se confirma en los casos allí especificados, no el derecho sino el deber de pena de muerte, precisando: <<Que estas os sirvan, de generación en generación, como reglas de derecho en todos los lugares donde habitaréis.>> (Núm. 35, 29)

Estas consideraciones, que a nosotros nos parecen duras pero que para el creyente siguen siendo palabra de Dios, se han visto sustituidas apresuradamente por las tendencias que citábamos, o bien, se intenta resolver el problema diciendo que el Nuevo Testamento supera al Antiguo. Pero con esta actitud tampoco se respeta la Palabra, en este caso la del mismo Jesucristo, quien declaraba <<no he venido para revocar la Ley sino para completarla>>, advirtiendo que <<no pasaré por alto ni un punto de la Ley>>. En efecto, Cristo no contradice a Pilatos, sólo le recuerda de dónde procede su autoridad (que además le reconoce) cuando el gobernador le inquiere: <<¿No sabes que yo tengo el poder de ponerte en libertad o llevarte a la cruz?>> (Jn. 19, 10). Según Lucas, tampoco contradice al <<buen ladrón>>, al que además luego le hace la gran promesa cuando éste dice que él y su cómplice han sido condenados <<justamente>> a aquella pena: <<Recibimos lo que nos corresponde por nuestras acciones.>>

Hay que recordar además el capítulo trece de la Carta a los Romanos: <<¿Deseas no tener que temer a la autoridad? Haz el bien y recibirás recompensa porque aquélla está al servicio de Dios por tu bien. Pero si haces el mal, témela entonces, porque no es en vano que lleva la espada; de hecho, está al servicio de Dios para imponer la justa condena a quien obra mal>> (Rom. 13, 3-4) No podemos sacarnos de encima estas transparentes declaraciones como trata de hacer el ya citado Dizionario di antropologia pastorale: <<Pablo, en Romanos 13, seguramente pensaba en la práctica de la decapitación de los grandes criminales vigente en el Imperio romano. Sin embargo, lo que le urgía recomendar con dicha alusión era sólo la obediencia debida a la autoridad estatal legítima…>> Sorprendente y un tanto penoso acto de escamoteo. De hecho, durante dos mil años no se le ocurrió la idea a ninguno de los grandes teólogos, pastores o concilios que, basándose también en Romanos 13, no negaron la legitimidad de la pena de muerte infringida con un proceso regularizado por las autoridades constituidas. Sin olvidar que este reconocimiento no se hacía a la ligera, pues el Derecho Canónico tachaba de irregulares (prohibidos de acceder a las órdenes sagradas) al verdugo, a sus ayudantes y al juez que, aun respetando la ley, dictaba una sentencia de muerte.

40. Pena de muerte/1

El problema de la pena de muerte es uno de esos casos en los que la escisión entre los ciudadanos y los medios de comunicación parece más profunda. Estos últimos, casi sin excepción, rechazan indignados la simple posibilidad de debatir una cuestión que consideran tan anacrónica e incívica que no merece la menor atención. Sin embargo, todos los sondeos muestran que si se sometiera a referéndum popular, el resultado se decantaría sin la menor duda por la reimplantación del pelotón de ejecución o del verdugo, al menos para crímenes especialmente execrables.

El informe anual de Amnistía Internacional[1] nos ofrece una prueba concreta de ello al señalar que la pena de muerte está incluida en el derecho penal de 99 Estados (el 80% de las ejecuciones tienen lugar en países que manifiestan la pretensión de servir de modelo, como Estados Unidos, la Unión Soviética o China), sin que importantes movimientos de opinión reclamen su abolición.

Desde la más remota antigüedad hasta que algún intelectual de la Europa occidental del siglo XVIII empezó a manifestar sus dudas, la pena de muerte se admitía pacíficamente en todas las culturas de las sociedades del mundo. Es falso que aquel curioso personaje llamado Cesare Beccaria pidiera su abolición. En el capítulo veintiocho de De los delitos y de las penas se dice: <<La muerte de un ciudadano sólo puede considerarse necesaria en dos casos…>> Principalmente, Beccaria rechaza la tortura y luego lo que denomina pena de muerte <<fácil>>, tal como se aplicaba en su época, pero no la excluye de modo categórico ni la declara ilícita, hasta el punto de juzgarla <<necesaria>> en algunos casos.

También es falso que mantener la pena capital sea <<de derechas>> y su abolición <<de izquierdas>>. Entre las ignoradas paradojas de nuestras reconfortantes ideas fijas se cuenta que Luis XVI abolió dicha pena pocos años antes de la revolución francesa. Ésta volvió a implantarla por iniciativa de la <<izquierda>> jacobina, haciendo tal uso de la misma que, por una vez justificadamente, el imaginario popular ha hecho de las palabras guillotina y revolución un todo inseparable. Por otro lado, para mayor turbación de los filotercermundistas occidentales, para quienes la barbarie únicamente tiene origen en el hombre blanco, tan pronto como alcanzaron la independencia, la práctica totalidad de las ex colonias africanas y asiáticas se apresuraron a reintroducir la pena de muerte, a veces con sistemas <<tradicionales>> del lugar.

Al margen de lo que ocurra en la legislación civil, el problema resulta más delicado para un creyente cuando se plantea desde una perspectiva religiosa. La Iglesia católica nunca ha negado que la autoridad legítima posea el poder de infligir la pena de muerte como castigo. La propuesta de Inocencio III, confirmada por el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, según la cual la autoridad civil <<puede infligir sin pecado la pena de muerte, siempre que actúe motivada por la justicia y no por el odio y proceda a ella con prudencia y no indiscriminadamente>> es materia de fide. Esta declaración dogmática confirma toda la tradición católica anterior y sintetiza la posterior. De hecho, hasta ahora no ha sido modificada por ninguna otra sentencia solemne del Magisterio.

Actualmente la situación ha cambiado. Pese a que no se ha modificado nada en el plano dogmático, no sólo teólogos sino conferencistas episcopales al completo han ido más lejos hasta definir cualquier tipo de pena capital como <<contraria al espíritu cristiano>> o <<en desacuerdo con el Evangelio>>. Es una de las situaciones privilegiadas para la <<estrategia del remordimiento>> impulsada por una propaganda anticristiana que cuenta con el apoyo entusiasta de muchos católicos <<adultos e informados>>. En realidad, la cuestión es realmente grave porque si cualquier ejecución es un delito, un homicidio legalizado abusivamente (como ahora declaran numerosos teólogos y también obispados), la Iglesia ha sido cómplice de ellos durante muchos siglos. Entonces, aquellos que se dedicaban a reconfortar a los condenados, como san Cafasso, sólo eran hipócritas defensores de una violencia ilícita. Si en este punto realmente nos hemos equivocado, las consecuencias para la fe son ruinosas. Habrá que buscar las causas.

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[1] La primera edición del libro materia de síntesis se publicó por primera vez en 1992.


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