41. Pena de muerte/2


En lo que refiere a la pena de muerte, como en tantísimos otros ámbitos, hemos olvidado aquella capacidad de discernir (distinguere frequenter!) que tan justamente preocupaba a quienes sabían razonar con claridad antes del advenimiento de la denominada <<Era de la Razón>>.

En el caso que nos ocupa, a menudo no se sabe discernir entre la legitimidad del patíbulo y la oportunidad del mismo; entre el derecho de la sociedad a condenar a muerte a uno de sus miembros y el ejercicio de ese derecho. Pero sobre todo, lo que debe preocupar al creyente es la actitud de la Iglesia, quien desde lo más alto de su Magisterio ha afirmado siempre la legitimidad de la pena de muerte decretada por las autoridades reconocidas y ha concedido a la sociedad ese derecho.

Este derecho ha sido contestado a varios niveles. Entre ellos, tenemos el Dizionario di antropologia pastorale (<<Diccionario de Antropología pastoral>>), fruto del trabajo de la Asociación de Moralistas Católicos en lengua alemana, publicado en Alemania y Austria en 1975 con todos los imprimatur y gracias al patrocinio del obispado. Se trata de la posición <<católica>> de toda una facción, y dice: <<El cristiano no tiene el menor motivo para invocar la pena de muerte o declararse a favor de ella>>. El documento de una comisión teológica del obispado francés declaraba en 1978 que la pena capital era <<incompatible con el Evangelio>>, aunque en un arrebato de prudencia, los teólogos que redactaron el documento y sus conclusiones (contrarias a la Biblia y a la Tradición) lo denominaron Elementi di riflessione (<<Elementos de reflexión>>). Así también se manifestaron en Estados Unidos y Canadá los church-intellectuals, esos <<intelectuales clericales>> que desde el anonimato elaboran los documentos que los obispos presentarán con su propia firma.

En 1973, Leandro Rossi, director del Diccionario de Teología Moral, que también contó con la aprobación eclesiástica, iniciaba así la voz Pena de muerte: <<Éste es uno de los típicos temas donde se han invertido las posturas en la época actual, si bien no de manera universal y definitiva. Desafortunadamente, el proceso de sensibilización no tuvo origen en el ámbito cristiano sino en el laico, viéndose los católicos remolcados con esfuerzo por cuantos se mostraban más coherentes con la orientación humanizante del Evangelio. Nos hallamos ante uno de esos casos en los que no es la Iglesia la que ha ofrecido un don al mundo, sino la que lo ha recibido de éste.>>

Semejantes posturas resultan gratificantes para los sacerdotes que las expresan, quienes, sin embargo, no parecen conscientes de sus devastadoras consecuencias. Tanto desde el magisterio solemne de los papas y los concilios, pero también desde los Padres o los grandes teólogos que llegaron a santos como Tomás de Aquino, con sus hombres más prestigiosos y autorizados, a lo largo de toda su historia y no sólo en un corto período, la Iglesia ha declarado legítima sin excepción la pena capital, algo que según las creencias actuales sería un delito, un crimen y una traición al Evangelio.

La verdad es que no hay que derrochar demasiadas palabras para demostrar que el Antiguo Testamento de Dios no sólo permitía la pena de muerte sino que la ordenaba Él mismo. De tal suerte que la normativa elaborada por los maestros de Israel siguiendo a la Torá prescribía la pena de muerte para 35 crímenes: desde el adulterio a la profanación del sábado, de la blasfemia a la idolatría, etc. Baste recordar entre muchos fragmentos posibles, el versículo del Génesis (9, 6) en el que Yahvé dice a Noé: <<Aquel que derrame la sangre del hombre, verá su sangre derramada por el hombre, porque Él ha hecho al hombre imagen de Dios.>> Véase también el capítulo 35 del libro de los Números donde se confirma en los casos allí especificados, no el derecho sino el deber de pena de muerte, precisando: <<Que estas os sirvan, de generación en generación, como reglas de derecho en todos los lugares donde habitaréis.>> (Núm. 35, 29)

Estas consideraciones, que a nosotros nos parecen duras pero que para el creyente siguen siendo palabra de Dios, se han visto sustituidas apresuradamente por las tendencias que citábamos, o bien, se intenta resolver el problema diciendo que el Nuevo Testamento supera al Antiguo. Pero con esta actitud tampoco se respeta la Palabra, en este caso la del mismo Jesucristo, quien declaraba <<no he venido para revocar la Ley sino para completarla>>, advirtiendo que <<no pasaré por alto ni un punto de la Ley>>. En efecto, Cristo no contradice a Pilatos, sólo le recuerda de dónde procede su autoridad (que además le reconoce) cuando el gobernador le inquiere: <<¿No sabes que yo tengo el poder de ponerte en libertad o llevarte a la cruz?>> (Jn. 19, 10). Según Lucas, tampoco contradice al <<buen ladrón>>, al que además luego le hace la gran promesa cuando éste dice que él y su cómplice han sido condenados <<justamente>> a aquella pena: <<Recibimos lo que nos corresponde por nuestras acciones.>>

Hay que recordar además el capítulo trece de la Carta a los Romanos: <<¿Deseas no tener que temer a la autoridad? Haz el bien y recibirás recompensa porque aquélla está al servicio de Dios por tu bien. Pero si haces el mal, témela entonces, porque no es en vano que lleva la espada; de hecho, está al servicio de Dios para imponer la justa condena a quien obra mal>> (Rom. 13, 3-4) No podemos sacarnos de encima estas transparentes declaraciones como trata de hacer el ya citado Dizionario di antropologia pastorale: <<Pablo, en Romanos 13, seguramente pensaba en la práctica de la decapitación de los grandes criminales vigente en el Imperio romano. Sin embargo, lo que le urgía recomendar con dicha alusión era sólo la obediencia debida a la autoridad estatal legítima…>> Sorprendente y un tanto penoso acto de escamoteo. De hecho, durante dos mil años no se le ocurrió la idea a ninguno de los grandes teólogos, pastores o concilios que, basándose también en Romanos 13, no negaron la legitimidad de la pena de muerte infringida con un proceso regularizado por las autoridades constituidas. Sin olvidar que este reconocimiento no se hacía a la ligera, pues el Derecho Canónico tachaba de irregulares (prohibidos de acceder a las órdenes sagradas) al verdugo, a sus ayudantes y al juez que, aun respetando la ley, dictaba una sentencia de muerte.


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